Sí, el Tribunal Constitucional declaró parcialmente inconstitucional el estado de alarma de 2020 mediante la STC 148/2021. El núcleo del problema fue que el confinamiento domiciliario impuesto por el Real Decreto 463/2020 no fue una simple limitación del derecho fundamental a la libertad de circulación (art. 19 CE), sino una suspensión de hecho, al prohibirse salir de casa salvo por causas muy tasadas. Esta suspensión, según la Constitución Española, solo puede producirse en el estado de excepción (art. 55.1 CE), no en el estado de alarma (regulado en el art. 116 CE y desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981). Por tanto, el Tribunal concluyó que el Gobierno se excedió en sus competencias al utilizar un instrumento inadecuado para el nivel de restricción impuesto, vulnerando así el principio de legalidad y el sistema de garantías constitucionales. En definitiva, el confinamiento generalizado fue considerado inconstitucional porque implicaba una suspensión encubierta de derechos que exigía mayores garantías democráticas y un procedimiento más riguroso.