En el caso del sector público, si un empleo exige un título de inglés, lo más común es que se firme una declaración responsable durante el proceso de oposición (o concurso) de que una persona cumple todos los requisitos y, una vez supera las pruebas, exigirá la documentación. Si el tribunal de selección detecta el fraude, la persona puede incurrir en responsabilidades penales y por seguro que perderá su plaza.

En el sector privado es complejo, ya que una empresa puede alegar ese 'engaño' para un despido disciplinario (sin indemnización) por la transgresión de la buena fe contractual. También puede pasar que esa falta ha prescrito, bien porque no se solicitó explícitamente el título o porque pasó demasiado tiempo entre que la empresa se dio cuenta de la falsificación y tomar medidas. En esos casos, el despido sería por la vía de la improcedencia (con indemnización).