Esta es una cuestión muy compleja, cuya respuesta es variable según las hipótesis que se hagan. Conviene recordar que el sistema de pensiones públicas nació durante el franquismo, en un entorno muy diferente, optando por un sistema de reparto intergeneracional, como se hizo en muchos otros países europeos. Es decir, la idea es, simplificando un poco, que cada generación paga las pensiones de la anterior, y que los trabajadores contribuyen según sus ingresos y perciben pensiones proporcionales (más o menos) a lo que han contribuido durante su vida laboral. 

Este modelo era perfectamente sostenible cuando se creó, pero varios cambios lo han hecho insostenible en las circunstancias actuales. Los grandes factores son (de nuevo, simplificando un poco): la demografía; antes la gente empezaba a trabajar antes de los 20 años, se jubilaba con 65 y fallecía con 75, y ahora comienza más tarde, se jubila en promedio antes, y fallece con 85. Y el otro cambio es que las pensiones ya no son claramente proporcionales a lo pagado, sino que las pensiones bajas han crecido mucho más que la media, por lo que la sostenibilidad también depende de la estructura de sueldos de los nuevos entrantes en la población trabajadora. Dicho de otro modo, la entrada de un trabajador poco cualificado no es “rentable” para el sistema porque recibirá más de lo que aporta, y viceversa. Por esta razón la incorporación de una importante población inmigrante en los últimos 30 años ha mejorado la situación del sistema a corto plazo, pero probablemente lo ha empeorado a largo plazo. 

Un tercer punto es la integración en el sistema de numerosas situaciones (invalidez, pensiones mínimas, incapacidad, jubilaciones anticipadas en ciertos sectores…) que han agravado el problema. 

Una vez aclarados estos aspectos, es posible responder a la pregunta: el actual sistema español, extrapolado rígidamente a futuro, es insostenible con casi total seguridad, como es universalmente aceptado por todos los expertos y como se ha reconocido numerosas veces por diversos gobiernos desde 1995 (Pacto de Toledo) y en los análisis de sostenibilidad fiscal enviados a Bruselas. Pero el sistema puede hacerse sostenible con algunos cambios, y es en estos cambios donde está la discusión política. 

Del comentario inicial se desprende fácilmente que esas reformas deben incluir: demografía (retraso de la edad de jubilación), fomento de la inmigración (pero sólo la cualificada), mayor proporcionalidad entre contribuciones y pensiones, y control de abusos. Pero estas reformas son impopulares, y por ello todos los gobiernos evitan desde hace muchos años anunciarlas y aún más evitan ejecutarlas, a menos que se vean obligados a hacerlo por presión externa (Bruselas). 

En resumen, la sostenibilidad de las pensiones públicas depende de la urgencia y decisión con que los gobiernos aborden esas reformas. A mayor retraso, más duras serán las reformas futuras a realizar.